La nueva Ley de Adopción en Chile, aprobada en 2025 tras más de una década de tramitación (12 años), quedó en pausa luego de que el gobierno, del Pinochetista José Kast, ordenara retirar el decreto que permitía su implementación.
Sin este decreto, la normativa no puede entrar en vigencia, por lo que no existe una fecha clara para su aplicación.
La ley buscaba introducir cambios relevantes en el sistema, principalmente reducir los tiempos que niños y niñas pasan en procesos de revinculación familiar antes de ser declarados adoptables. Actualmente, este proceso puede extenderse hasta ocho años, mientras que la nueva normativa proponía acotarlo a un máximo de 12 meses, con etapas adicionales también limitadas en el tiempo.
Otro de los cambios clave era modificar los criterios de adopción, eliminando la prioridad automática de los matrimonios y permitiendo evaluar a los postulantes caso a caso, considerando las necesidades específicas de cada niño o niña, es decir que la nueva ley establece que todos los tipos de familias (monoparental como homoparental) que cumplan con las exigencias podrán adoptar en igualdad de condiciones.
Además, la ley incorporaba la posibilidad de mantener vínculos con la familia de origen, en caso de que el adoptado o adoptada así lo desee, abriendo una nueva forma de entender los procesos adoptivos en el país.
A pesar de haber sido aprobada y publicada, la ley permanece sin aplicación efectiva, manteniendo el funcionamiento actual del sistema.
Mientras tanto, los tiempos de espera y los procesos vigentes continúan sin cambios.
Radiografía actual del sistema de adopción en Chile
En Chile se concretan cerca de 250 adopciones al año, en procesos que pueden durar entre 3 y 6 años, o incluso más, según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Además, más de 9 mil niños y niñas viven con familias de acogida, lo que representa cerca del 70% de quienes están bajo protección del Estado.
La situación es especialmente sensible en la primera infancia. Más de 700 niños y niñas menores de 3 años continúan viviendo en residencias, sin acceder a un entorno familiar.