Esta semana, el Monasterio de Clarisas Capuchinas, en Santiago, volvió a instalar frente a nosotros una discusión que aparece una y otra vez. Religiosas y vecinos implementaron un sistema de aspersores para impedir que personas en situación de calle instalaran rucos en el exterior del templo. Agua sobre el lugar donde duermen como método para conseguir que se vayan. La medida surgió tras denuncias por basura, malos olores, uso de la vía pública como baño y un intento de robo en el monasterio.
Trabajé en albergues, tres años en Código Azul, en VCA de Noche Digna, Casas Compartidas y residencias. Así que algo conozco del tema. Y justamente por conocerlo sé que esto es bastante más complejo que “no quieren irse al albergue”.
He escuchado muchas veces esa pregunta, ¿por qué no aceptan un cupo? La respuesta rara vez cabe en una frase. Hay personas que llevan años viviendo en un mismo sector, que tienen perros, parejas o pertenencias que no siempre pueden ingresar con ellas; personas que han vivido robos o violencia dentro de dispositivos, que presentan consumos problemáticos, problemas de salud mental o simplemente una profunda desconfianza hacia instituciones que han entrado y salido de sus vidas durante años. También están los horarios, las normas de convivencia y las condiciones de ingreso.
Un albergue puede salvar una vida durante una noche de frío. Lo vi trabajando en Código Azul. Pero dormir bajo techo no es lo mismo que superar la situación de calle.
La calle no se explica en una frase
De hecho, la propia política pública reconoce esa diferencia. Hoy existen programas distintos para necesidades distintas: centros temporales, dispositivos de bajo umbral, acompañamiento psicosocial y sociolaboral, tratamiento de consumo problemático y Vivienda Primero, precisamente a personas con trayectorias prolongadas de calle.
Cada vez que uno intenta hablar de esto desde la dignidad aparece además un catálogo bastante conocido de respuestas. “Llévatelos para tu casa”, “es que tú no tienes el problema”, “son todos drogadictos”, “son delincuentes”, “son violadores”.
Es una manera bastante cómoda de cerrar la conversación. Porque nadie está diciendo que vivir junto a un ruco sea sencillo, hay basura, consumo, problemas sanitarios, conflictos y también delitos. Las comunidades tienen todo el derecho a exigir espacios seguros y respuestas del Estado. Lo que no podemos hacer es transformar esa legítima preocupación en una autorización para deshumanizar.
Y acá es donde creo que las comunidades también pueden jugar otro papel. Organizarse no debería significar únicamente juntar plata para instalar aspersores, cerrar un espacio o conseguir que alguien duerma dos cuadras más allá. También puede significar reunirse para exigir que el municipio, el Ministerio de Desarrollo Social, salud, seguridad pública y los programas especializados hagan efectivamente su trabajo en el territorio. Menos intervención pensada para el video en redes sociales y más equipos capaces de estar ahí, conocer los casos, construir vínculos y sostener procesos.
En Chile ya existen experiencias que apuntan justamente a eso. La llamada Noche del Encuentro, por ejemplo, reunió este año a organizaciones, autoridades, empresas y personas con experiencia de vida en calle, acompañada de despliegues territoriales y rutas destinadas no solo a entregar abrigo o alimentos, sino también a generar vínculos y coordinación con redes de apoyo.
Y el propio Estado comenzó en 2026 un piloto en Renca e Independencia que busca coordinar a ministerios, municipios y programas para abordar simultáneamente la situación de las personas y la recuperación de los espacios públicos. a idea es precisamente evitar que cada organismo intervenga por separado y que el problema simplemente vaya desplazándose de una esquina a otra.
Sí. Con subtítulo y partiendo por Chile, queda más ordenado y además evita que parezca que estamos importando una solución ajena cuando el enfoque ya existe acá.
Modelo Housing First
En Chile tampoco partimos de cero. Vivienda Primero recoge el enfoque Housing First, donde la vivienda no aparece como premio al final del proceso, sino como punto de partida. El desafío está en fortalecerlo, ¿cómo? Con más recursos, mayor cobertura, viviendas disponibles y mejor coordinación con salud mental, tratamiento de consumo, empleo, municipios y organizaciones territoriales.
También falta incorporar mejor a los barrios. Salir de la calle no es solo conseguir un techo; es reconstruir vínculos y volver a sentirse parte de una comunidad. Ahí las juntas de vecinos y organizaciones locales pueden aportar mucho, no reemplazando al Estado, sino ayudando a que esa integración sea real.
Afuera de Chile las experiencias abundan y varias muestran buenos resultados. Finlandia lleva años trabajando con Housing First y, en varios proyectos, también se trabaja directamente con el barrio: actividades comunitarias, encuentros con vecinos y participación de las propias personas en el cuidado de los espacios. La lógica es bastante simple: si alguien deja la calle pero sigue completamente aislado, el problema no está resuelto.
En Canadá existen experiencias parecidas. El modelo Peer to Community pone el foco justamente en algo que muchas veces queda fuera de la conversación: después de conseguir una vivienda todavía hay que reconstruir vínculos, redes y pertenencia. Tener una llave no significa, por sí solo, volver a sentirse parte de algo.
Nada de esto es sencillo. Tampoco significa pedirle a una junta de vecinos que haga el trabajo de un equipo profesional ni romantizar problemas que pueden ser muy difíciles de manejar. Significa algo bastante más básico, entender que una persona en situación de calle no deja de formar parte del barrio porque duerma en una vereda.
Durante años trabajando en esto aprendí una cosa. Sacar a alguien de una esquina puede ser relativamente fácil. Conseguir que pueda construir una vida fuera de ella requiere vivienda, salud, acompañamiento, tiempo y una comunidad dispuesta a no cerrarle todas las puertas.
Quizás por eso la pregunta nunca debió ser por qué no se van. La pregunta debería ser qué estamos haciendo, Estado, sociedad civil y también comunidades, para que realmente puedan hacerlo.

Por La Boca Muere el Pez
Trabajadora social. Antifascista. Nombra las cosas como son. Cree en la memoria como ejercicio político y en la palabra como herramienta para incomodar lo que muchos prefieren dejar pasar.
Hay que organizarse.

